Cangas invoca rescate de 200.000€ en investigación por ciberataque

Un ciberataque masivo paraliza las gestiones municipales

Durante la madrugada del 18 de mayo de 2023, el ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ciberataque de gran envergadura que comprometió significativamente sus operaciones. Los sistemas de información municipal fueron víctimas de un ransomware denominado LockBit 3.0, que penetró en la red a través de un mensaje de phishing abierto por uno de los funcionarios. Este ciberataque rescate dejó bloqueados más de la mitad de los equipos informáticos de la administración local.

El cifrado afectó gravemente a departamentos críticos como el de contabilidad, imposibilitando temporalmente el procesamiento de nóminas y el pago de facturas a proveedores. Cuando los empleados municipales llegaron a sus puestos de trabajo aquella mañana, se encontraron sus ordenadores inmovilizados por una pantalla que mostraba un mensaje en inglés exigiendo el pago de una cantidad en criptomonedas.

La decisión de pagar el rescate de 200.000 euros

Ante la gravedad de la situación y la necesidad de restaurar urgentemente los servicios públicos, la entonces nueva alcaldesa Araceli Gestido autorizó la contratación de emergencia de la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para gestionar la crisis. La administración municipal optó por una solución de negociación directa con los atacantes, pagando una cantidad aproximada de 197.847,17 euros en bitcoin para recuperar el acceso a los datos secuestrados. Este pago de rescate fue complementario a un contrato anterior de 5.279 euros por servicios de análisis forense que no había producido resultados técnicos.

La decisión de efectuar el ciberataque rescate se justificó entonces por la necesidad inmediata de reanudar las operaciones municipales. Sin embargo, esta medida ha generado posteriormente importantes cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos empleados en la gestión de la crisis de seguridad informática.

Irregularidades en la contratación y la investigación judicial

Meses después de los hechos, hacia finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra remitió el caso al juzgado tras detectar posibles irregularidades. Las acusaciones incluyen prevaricación, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. El eje central de la investigación no se centra únicamente en el pago del ciberataque rescate en sí mismo, sino en la gestión deficiente de los procedimientos contractuales que se utilizaron.

Específicamente, se cuestiona que ambos contratos se adjudicaron sin someterse a un concurso público competitivo. Además, resulta particularmente irregular que la misma empresa que había fracasado en su primer intento de análisis forense fuera posteriormente contratada nuevamente para negociar con los atacantes y efectuar el rescate financiero.

Antón Iglesias en la mira de la justicia

La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, para declarar como investigado respecto al ciberataque rescate y su gestión. Lo sorprendente de esta medida es que Iglesias no ocupaba cargo alguno en la administración municipal en el momento en que ocurrió el ataque informático ni fue responsable de autorizar los contratos de emergencia.

El verdadero firma del contrato de urgencia para efectuar el pago del rescate fue la alcaldesa Araceli Gestido, quien en aquella época acababa de acceder a la alcaldía. Hasta el momento, Gestido no ha sido citada a comparecer ante los tribunales, aunque fuentes judiciales sugieren que esta comparecencia podría ser inminente a medida que avance la investigación.

Respaldo político y procedimientos administrativos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido que ostenta la mayoría de gobierno en el ayuntamiento de Cangas, ha expresado públicamente su apoyo incondicional a Antón Iglesias. Desde la formación política subrayan que el concejal investigado goza de su