Bregman rechaza la reducción de edad imputabilidad
Bregman critica la reducción de edad de imputabilidad y defiende a menores infractores. Conoce su postura sobre la medida de Milei.
Postura de Bregman sobre la edad de imputabilidad
La legisladora de izquierda Bregman expresó su rechazo categórico a la reducción de edad de imputabilidad, una medida central en la agenda criminal del gobierno de Milei. La dirigente salió al cruce de la iniciativa argumentando que los menores de edad no deberían ser procesados penalmente por delitos graves como homicidios o robos.
La crítica de Bregman se enfoca en que la edad de imputabilidad constituye un principio fundamental del derecho penal juvenil, diseñado para proteger a adolescentes en situación vulnerable. Según su perspectiva, bajar esta edad implica desconocer estudios científicos sobre desarrollo neurológico y responsabilidad penal en menores.
Argumentos contra la reducción de punibilidad
La dirigente enfatiza que la edad de imputabilidad no es un capricho legislativo, sino una protección garantizada por tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores requieren un sistema de justicia especializado y diferenciado.
Bregman sostiene que modificar la edad de imputabilidad hacia la baja contradice estos compromisos internacionales y criminalizaría a niños y adolescentes sin las garantías procedimentales adecuadas. Su posición refleja una visión que prioriza la reinserción social sobre la punición extrema.
Desacuerdo con el enfoque de Milei
El presidente Milei ha impulsado la reducción de la edad de imputabilidad como parte de su política de seguridad ciudadana más agresiva. Sin embargo, Bregman y otros sectores progresistas cuestionan esta estrategia, argumentando que criminalizar a menores no resuelve las causas estructurales de la delincuencia juvenil.
La legisladora señala que existen datos empíricos de otros países que demuestran la ineficacia de reducir la edad de imputabilidad como medida disuasoria. Países europeos han avanzado en sistemas de justicia restaurativa y rehabilitación para menores, con resultados superiores en reducción de reincidencia.
Realidades de menores infractores en Argentina
Bregman destaca que los menores que cometen delitos frecuentemente provienen de contextos de extrema pobreza, abandono estatal y falta de oportunidades educativas. Reducir la edad de imputabilidad, según su análisis, representaría una respuesta punitiva que ignora las causas raíz de la criminalidad juvenil.
La dirigente enfatiza que existen políticas alternativas más efectivas, como programas de educación, acceso a empleo y contención social, que abordan los factores que conducen a menores a actividades ilícitas. Estas medidas preventivas, en su visión, son más apropiadas que aumentar el rigor penal.
Implicaciones legales y constitucionales
Desde una perspectiva legal, Bregman argumenta que cualquier reforma a la edad de imputabilidad enfrenta obstáculos constitucionales significativos. La norma actual refleja un consenso internacional sobre protección de menores que no puede ser desconocido arbitrariamente.
Los tratados internacionales suscritos por Argentina establecen límites mínimos de edad para responsabilidad penal. Modificarlos requeriría no solo cambios legislativos, sino también revisión de compromisos diplomáticos adquiridos por el estado argentino.
Debate público y posiciones divergentes
La posición de Bregman representa un ala del espectro político que prioriza derechos humanos y rehabilitación en el sistema de justicia penal. Esta perspectiva se opone directamente a enfoques más punitivos que priorizan seguridad ciudadana inmediata.
El debate sobre la edad de imputabilidad continúa dividiendo opiniones entre sectores políticos, académicos y en la sociedad civil. Mientras algunos apoyan su reducción como respuesta a la inseguridad, otros como Bregman advierten sobre consecuencias negativas de criminalizar a menores de edad.
Proyecciones futuras
La defensa de Bregman respecto a menores infractores refleja una estrategia política más amplia de resistencia a las reformas penales del gobierno actual. Su enfoque busca mantener vigentes protecciones legales que considera fundamentales para garantizar justicia especializada en delitos de menores.