El pasado martes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, anunció que se solicitará juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López por violar la Constitución. Esta decisión se tomó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmara que no acatará la orden del titular del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
La situación se originó cuando De la Peza López estableció un plazo de 24 horas para que la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, propusiera a los dos magistrados electorales que ocuparían las magistraturas que aún están vacantes en la Sala Superior. Ante esta orden, el TEPJF defendió su autonomía y se negó a cumplir con la misma, argumentando que el juez en cuestión no tiene competencia para despedir dicha orden.
Esta decisión del TEPJF ha sido aplaudida por muchos, incluyendo a la propia Secretaria de Gobernación, quien expresó su apoyo a través de sus redes sociales. “Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretensión de un juez incompetente, defiende su autonomía y la de todo el Poder Judicial”, escribió Alcalde en su cuenta de Twitter.
Esta postura del TEPJF es un claro ejemplo de la importancia de la autonomía e independencia de los poderes judiciales en un país democrático. El Poder Judicial debe ser un contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, y su función es garantizar que las leyes y la Constitución sean respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos y autoridades.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se cuestiona la actuación del juez De la Peza López. En el pasado, ha emitido decisiones que han sido consideradas como violaciones a la Constitución y a los derechos humanos. Por ello, la solicitud de juicio político en su contra es un paso importante para garantizar que los jueces cumplan con su deber de impartir justicia de modo imparcial y respetando la ley.
Es importante mencionar que el juicio político es un proceso establecido en la Constitución para sancionar a los servidores públicos que hayan cometido actos que atenten contra la democracia y el Estado de derecho. Este proceso se lleva a cabo en el Congreso de la Unión y puede resultar en la destitución del funcionario en cuestión, así como en su inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
La decisión de la Segob de solicitar juicio político contra el juez De la Peza López es un mensaje claro de que no se tolerarán acciones que pongan en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la democracia en nuestro país. Además, es un recordatorio de que todos los servidores públicos deben actuar con admisión y respeto a la ley en el ejercicio de sus funciones.
Es importante destacar que esta situación no solo afecta al Poder Judicial, sino que también tiene un impacto en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el Estado de derecho. Cuando un juez emite decisiones que van en contra de la Constitución, se pone en duda la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, lo que puede gestar desconfianza en la población y afectar la estabilidad democrática.
Por ello, es fundamental que se tomen medidas para garantizar que los jueces actúen de modo ética y en cumplimiento de la ley. Además, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión de los servidores públicos, para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro.
En conclusión, la decisión de la Segob de solicitar juicio político contra el juez De la Peza López es un paso importante para