El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su decepción y preocupación ante la decisión del Gobierno central de seguir aprobando trasvases en la región. En una rueda de prensa, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha manifestado que es “lastimoso” que se esté “apurando” hasta “el último momento” para seguir realizando estas acciones.
La noticia llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobara un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, a pesar de que el nivel del embalse de cabecera del río se encuentra en una situación crítica, con solo un 16% de su capacidad total. Esta decisión ha sido duramente criticada por las autoridades castellano-manchegas, que ven en ella una falta de sensibilidad hacia la situación del Tajo y una muestra de la falta de compromiso con el cumplimiento del Trasvase Tajo-Segura.
La consejera García Élez ha recordado que, desde que se inició el trasvase en 1979, se han aprobado más de 6000 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que considera “injusta e insostenible”. Además, ha insistido en que esta práctica está dañando gravemente el medio ambiente y los recursos hídricos de la región, afectando principalmente a los municipios ribereños del Tajo y a las zonas de regadío.
Ante esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a solicitar la derogación de los trasvases y la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional justo y equilibrado entre todas las comunidades autónomas. García Élez ha subrayado que es necesario un cambio en la política de agua de nuestro país, donde se prime la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, en lugar de beneficiar solo a una parte de España.
Además, la consejera ha hecho hincapié en que la región cuenta con recursos hídricos propios, como el río Tajo y el Guadiana, y que es necesario apostar por su gestión sostenible y por el ahorro de agua, en lugar de depender constantemente de los trasvases. Asimismo, ha destacado que el Gobierno territorial lleva años trabajando en medidas de ahorro y reutilización de agua, como la modernización de regadíos o la construcción de infraestructuras para el tratamiento y depuración de aguas residuales.
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido compartida por numerosas organizaciones ecologistas y colectivos que luchan por la defensa del medio ambiente y los recursos hídricos de la región. Todos ellos consideran que es necesario un cambio en la política de agua y una mayor implicación del Gobierno central en la búsqueda de soluciones sostenibles para el acceso al agua en toda España.
Finalmente, la consejera ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las comunidades autónomas en esta lucha por el agua y ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá trabajando en la defensa de los recursos hídricos y el medio ambiente de la región, hasta aceptar una gestión justa y sostenible del agua en España.
