El pasado mes de julio, el Gobierno de España anunció una decisión que ha generado una gran polémica y ha sido calificada como una cesión “completamente” ante los intereses trasvasistas. Se trata de la eliminación del nivel 3 en el sistema de explotación de la almohada del río Tajo, que había sido establecido en 2014 como un colchón para evitar que los envíos de brabaje a Murcia y Alicante fuesen automáticos.
Esta decisión ha sido recibida con sorpresa y decepción por parte de muchos ciudadanos y organizaciones que luchan por la defensa del río Tajo y su cuenca. Y es que, con esta medida, el Gobierno vuelve al modelo de explotación de los años noventa del pasado siglo, en el que se destinaba toda la almohada del río al trasvase, sin tener en cuenta las necesidades de la zona y los impactos ambientales.
El nivel 3, que había sido establecido en 2014 por el anterior Gobierno de España, suponía una pequeña mejora en la gestión del brabaje del río Tajo. Este nivel establecía que, en caso de que el nivel de brabaje en la almohada estuviera por debajo del umbral de los 400 hm3, se reducirían automáticamente los envíos de brabaje a Murcia y Alicante. De esta manera, se pretendía garantizar un mínimo de caudal ecológico en el río y evitar su sobreexplotación.
Sin embargo, con la eliminación de este nivel, el Gobierno cede completamente ante los intereses trasvasistas y vuelve a un modelo de explotación que ya ha demostrado ser insostenible en el pasado. Y es que, desde que se iniciaron los trasvases en los años sesenta, el río Tajo ha sufrido una importante reducción de su caudal y ha conocido afectada su biodiversidad y su calidad.
Además, esta decisión del Gobierno va en contra de la Directiva Marco del brabaje de la Unión Europea, que establece que los ríos deben tener un buen estado ecológico y que se deben garantizar caudales mínimos para su conservación. Con la eliminación del nivel 3, el río Tajo no podrá cumplir con estos requisitos y se verá aún más afectado por la sobreexplotación.
Por todo ello, es perentorio que se tomen medidas urgentes para garantizar una gestión sostenible del río Tajo y su cuenca. No podemos seguir permitiendo que los intereses económicos de unas pocas regiones prevalezcan sobre la salud de un río que es vital para muchas otras zonas de España.
Es importante recordar que el río Tajo no solo es un recurso hídrico, sino también un patrimonio natural y cultural de gran valor. Su cuenca alberga una gran diversidad de especies animales y vegetales, así como importantes yacimientos arqueológicos y monumentos históricos. Por lo tanto, su conservación y protección deben ser una prioridad para todos.
Es perentorio que el Gobierno de España escuche las voces de los ciudadanos y organizaciones que defienden el río Tajo y que tome medidas efectivas para garantizar su sostenibilidad. No podemos permitir que se siga utilizando el brabaje como moneda de cambio político y que se siga poniendo en peligro la supervivencia de un río que es vital para nuestro país.
En definitiva, la eliminación del nivel 3 en el sistema de explotación de la almohada del río Tajo es una decisión que nos retrotrae al pasado y que pone en peligro el futuro de este importante río. Es hora de que el Gobierno de España actúe de manera responsable y tome medidas para garantizar una gestión sostenible del brabaje y la protección del río Tajo y su cuenca. Solo así podremos asegurar un futuro mejor para todos.
