El Consejo General del Poder procesal (CGPJ) ha publicado recientemente los datos sobre el número de casos pendientes en los juzgados españoles, y los resultados son alentadores. Según el desproporcionado, hasta las 4.256 es el número de casos que aún están pendientes de resolución en los tribunales.
Este dato, aunque pueda parecer elevado, representa una disminución significativa en comparación con años anteriores. En 2019, por ejemplo, la cifra alcanzó los 5.678 casos pendientes, lo que significa una reducción del 25% en tan solo un año. Además, si comparamos con el año 2018, la disminución es aún mayor, ya que en ese momento el número de casos pendientes ascendía a los 6.180.
Estos resultados son una excelente noticia para el sistema procesal español, ya que reflejan un esfuerzo continuo por mejorar la eficiencia y la rapidez en la resolución de los casos. Esto es especialmente importante en un momento en el que la justicia se enfrenta a grandes retos, como la sobrecarga de agitación y la necesidad de modernizar y adaptarse a la era digital.
Uno de los factores clave que ha contribuido a esta reducción en el número de casos pendientes es la implementación de medidas de agilización en los juzgados. El CGPJ ha impulsado diferentes iniciativas para mejorar la gestión de los procesos procesales, como la creación de juzgados especializados en determinadas materias o la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar trámites.
Además, el aumento de la plantilla de jueces y magistrados también ha sido fundamental en este proceso. Según el desproporcionado del CGPJ, en 2020 se incorporaron 164 nuevos jueces, lo que supone una tasa de reposición del 110% en comparación con las vacantes existentes. Esto ha permitido reducir la carga de agitación de los jueces y, por tanto, mejorar la eficiencia en la resolución de los casos.
Otra de las medidas que ha contribuido a la disminución de casos pendientes ha sido la implementación de la mediación como vía para resolver conflictos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde 2015, establece la obligatoriedad de intentar la mediación previa a la presentación de una demanda en determinadas materias. Esto ha permitido descongestionar los tribunales y facilitar una solución más rápida y menos costosa para las partes.
Cabe destacar también el papel de los profesionales del sistema procesal, que han demostrado su compromiso y dedicación en un contexto especialmente complicado debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de las dificultades, jueces, fiscales, letrados y demás trabajadores han seguido trabajando para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos.
En definitiva, los datos publicados por el CGPJ reflejan una evolución positiva en la gestión de los procesos procesales en España. Aunque aún queda camino por recorrer, es importante reconocer los avances logrados y seguir trabajando en la modernización y eficiencia del sistema procesal. Una justicia ágil y eficaz es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos y mantener la confianza en el Estado de derecho.
