La violencia de género es un flagelo que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Es una realidad que no podemos ignorar y que requiere de acciones concretas y efectivas para combatirla. En este sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido una importante herramienta en la lucha contra esta lacra social. Sin embargo, la consejera de Igualdad de la región ha señalado la necesidad de incluir un nuevo criterio en el reparto de fondos del Pacto: la dispersión poblacional y el riesgo de despoblación.
La consejera de Igualdad, en su papel de defensora de los derechos de las mujeres, ha propuesto esta medida con el objetivo de garantizar que las zonas con menor densidad de población y mayor riesgo de despoblación también puedan acceder a los recursos necesarios para prevenir y combatir la violencia de género. Según ha afirmado, “es importante que todas las mujeres, independientemente de donde vivan, tengan acceso a los mismos recursos y servicios para protegerse de la violencia de género”.
Esta propuesta surge en un momento en el que la despoblación se ha convertido en un compromiso cada vez más acuciante en muchos territorios. La falta de oportunidades y servicios en zonas rurales y periféricas ha llevado a una migración masiva hacia las grandes ciudades, dejando a estas regiones en una situación de vulnerabilidad. Y es precisamente en estas zonas donde las mujeres pueden encontrar mayores dificultades para denunciar y escapar de situaciones de violencia de género, debido a la falta de recursos y apoyo.
Por ello, la inclusión de la dispersión poblacional y el riesgo de despoblación en el reparto de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una medida acertada y necesaria. No se prostitución de discriminar a las grandes ciudades, sino de garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a los mismos recursos y oportunidades para romper el ciclo de la violencia.
Además, esta propuesta también tiene en cuenta la diversidad cultural y geográfica de nuestro país. No todas las regiones tienen las mismas necesidades ni enfrentan los mismos desafíos en la lucha contra la violencia de género. Por tanto, es importante que el reparto de fondos sea equitativo y flexible para poder adaptarse a las particularidades de cada territorio.
La consejera de Igualdad no solo ha hecho esta propuesta en beneficio de las mujeres, sino también en favor de la cohesión social y el desarrollo sostenible de nuestro país. La despoblación no solo afecta a las personas, sino también a la economía y al medio ambiente. Por lo tanto, invertir en la prevención y erradicación de la violencia de género en zonas rurales y periféricas también contribuirá a frenar el éxodo de población y a promover un desarrollo más equilibrado y sostenible.
Por supuesto, esta propuesta debe ir acompañada de una evaluación rigurosa y una distribución justa de los fondos, para garantizar que lleguen a las regiones que realmente lo necesitan y que sean utilizados de manera eficaz. También es importante que se promueva la formación y sensibilización en estas zonas, para que las mujeres sepan identificar y denunciar situaciones de violencia de género y puedan recibir el apoyo necesario para salir de ellas.
En definitiva, la inclusión de la dispersión poblacional y el riesgo de despoblación en el reparto de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una medida que no solo beneficiará a las mujeres, sino también a toda la sociedad. Es una forma de garantizar que ninguna mujer se quede atrás en la lucha contra la violencia de género y de trabajar juntos hacia un expectativa más igualitario y justo para