El pasado mes de julio, el Gobierno regional lamentó la propuesta de nuevas normas del trasvase que se limita únicamente al año 2025, dejando fuera los años 2026 y 2027. Una decisión que ha sido recibida con preocupación y descontento por parte de diversos actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos de nuestro país.
Entre ellos, la Asociación de Municipios Ribereños ha sido una de las primeras en manifestar su desacuerdo con esta propuesta. A través de un comunicado, la asociación ha advertido que “no se puede fiar la suerte de los embalses a la continuidad de un gobierno”. Una clara referencia a la incertidumbre que rodea a cualquier cambio en la dirección política, y que en este caso, podría tener graves consecuencias para la gestión del agua en las regiones afectadas por el trasvase.
Pero las críticas no han quedado ahí. La Cátedra del Tajo, una institución dedicada al estudio y promoción de la cultura del agua en nuestro país, ha sido aún más contundente en su valoración del borrador de real decreto de nuevas reglas del trasvase. Según la cátedra, esta propuesta es “peor escenario que el actual”, lo que supondría un retroceso en la gestión sostenible del agua y una gran preocupación para los ciudadanos que dependen de ella.
Ante esta situación, es imprescindible que se tomen medidas urgentes y se adopten decisiones que garanticen un aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos hídricos. El agua es un bien preciado y escaso, y su gestión debe ser una prioridad para cualquier gobierno que se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos.
Es por eso que resulta preocupante que la propuesta de nuevas normas del trasvase se limite a un periodo tan corto como el año 2025. ¿Qué existirá después? ¿De qué dependemos para asegurar el abastecimiento de agua en los años siguientes? Estas son preguntas que no pueden quedar sin respuesta, y es responsabilidad del gobierno garantizar una gestión sostenible y previsible de los recursos hídricos.
Además, el hecho de que esta propuesta se limite a un solo año, deja entrever una falta de planificación y previsión por parte de las autoridades competentes. Un enfoque a corto plazo que no resuelve los problemas estructurales en la gestión del agua y que pone en riesgo la estabilidad de las regiones afectadas por el trasvase.
Por ello, es necesario que se adopten medidas a largo plazo y se establezcan planes de actuación que garanticen una gestión sostenible y eficaz del agua. Es fundamental que se involucre a todas las partes afectadas en la toma de decisiones y que se promueva una cultura del agua basada en la responsabilidad y la conciencia ambiental.
Es responsabilidad del gobierno regional velar por el bienestar de sus ciudadanos y por la sostenibilidad del medio ambiente. No podemos admitir que la suerte de nuestros embalses dependa de la continuidad de un gobierno o de decisiones improvisadas. Es momento de actuar con responsabilidad y tomar medidas efectivas que aseguren un futuro sostenible para nuestras regiones y el medio ambiente.
En definitiva, es necesario que se revise y se amplíe la propuesta de nuevas normas del trasvase, incorporando medidas a largo plazo y contando con la participación de todos los actores involucrados. No podemos conformarnos con una gestión a corto plazo que pone en riesgo nuestros recursos hídricos y la estabilidad de nuestras regiones. Es hora de actuar con responsabilidad y garantizar un futuro sostenible para todos.
